Wendy Pérez, Directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización. Foto: Diego Valero

Eliana Uchani Alaca

Activista desde niña en defensa de los derechos de la población afroboliviana y fundadora del Concejo Nacional Afroboliviano (Conafro), lugar desde el que impulsó la implementación de políticas públicas para beneficiar a ese sector de la población, Wendy Pérez fue posesionada el jueves por el ministro de Justicia, Iván Lima, como directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización “Ana María Romero”.

Una de las principales tareas que Pérez debe encarar es la elaboración del anteproyecto de ley para modificar la Ley 348: “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia”. Considera, además, que es necesario reformar la justicia, tomando en cuenta que los jueces benefician a los agresores y no a las víctimas.

Periódico Bolivia (PB): La violencia hacia la mujer y los feminicidios son un problema latente, el Gobierno publicó un decreto que establece modificaciones a la Ley 348. ¿Cuál es el trabajo que se realizará desde su autoridad?

 Wendy Pérez (WP): Queremos trabajar de forma colectiva y desde las organizaciones sociales, además de las familias de las víctimas. Vamos a recoger las propuestas de cada sector para hacer cambios a la Ley 348. A partir de eso vamos a sistematizar con los técnicos y los abogados para presentar la propuesta. 

Pero otro de los temas que debemos tomar en cuenta es la justicia. Nosotros podemos plantear y hacer los cambios a la norma e implementar los mecanismos de protección, pero cuando se quiere acceder a la justicia es un problema que enfrentan muchas mujeres y eso es lo que nos preocupa. 

Considero que es necesario reformar la justicia, porque está podrida. Debemos recordar que muchos de los agresores están libres y que no cumplen a condena que le impuso un determinado juez. Pero eso es un tema que escapa de nuestras manos, de todas formas vamos a plantear los cambios para que esa situación no se repita y los casos no queden impunes. 

P.B.: ¿Cuáles son los cambios que deben hacerse a la norma para que sea más efectiva?

W.P.: Los cambios van a surgir de las reuniones de coordinación con los sectores sociales y las propuestas que nos entreguen, no queremos dar puntos específicos que deben ser modificados en la norma. 

Sin embargo, considero que uno de los elementos que se debe tomar en cuenta es la cantidad del personal que atienden los casos, los investigadores muchas veces no tiene los recursos técnicos ni logísticos para avanzar en la investigación. 

El presupuesto es otro de los factores que debemos analizar, eso es importante porque las autoridades correspondientes no cuentan con los recursos necesarios. Todos esos temas saldrán de las reuniones que tengamos. 

P.B.: ¿Existen plazos para entregar las propuestas para hacer cambios a la ley?

W.P.: Así es. Como Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, tenemos un plazo de 60 días para presentar las modificaciones que se realizarán a la Ley 348, tal como establece el Decreto Supremo 4399, que fue promulgado por el presidente Luis Arce. 

Es un reto que vamos a asumir desde esta instancia para mejorar el acceso a la justicia para las mujeres que son víctimas de violencia. No podemos quedar indiferentes ante estos hechos. En la pandemia se han incrementado los casos de violencia y feminicidio, no podemos estar inertes a que los agresores no asuman sus responsabilidades.

P.B.: Otra de las preocupaciones de las familias de víctimas de feminicidio es la Ley 1173, que beneficia a los agresores y los deja en libertad. ¿Existe alguna propuesta para hacer cambios en esa norma?

W.P.: Se está trabajando en algo que todavía no es nada oficial, sería irresponsable de mi parte si lo digo antes de que lo haya informado el Presidente. Pero se está trabajando para hacer algún cambio en esa norma, seguro que el Presidente lo anunciará en su debido momento.

P.B.: ¿Cuál es la principal tarea que asumirá para beneficiar a la población afroboliviana? 

W.P.: Desde el Conafro se han planteando políticas públicas en beneficio de la población afroboliviana, se ha avanzado en algunos temas que han sido más normativos y no tanto en temas fundamentales que sugerimos. Hemos propuesto una Ley del Decenio de los Pueblos Afrobolivianos, en ese contexto se ha trabajado en un plan. Lamentablemente la aplicación de ese plan se ha suspendido por todo un año y estamos retomando las propuestas. La nueva directiva continuará con el trabajo y adecuará las políticas públicas que benefician al pueblo afroboliviano. 

P.B.: Se han establecido algunos planes educativos para beneficiar a las comunidades afrobolivianas. ¿Cuáles han sido los avances hasta el momento? 

W.P.: Con el exministro de Educación Roberto Aguilar se ha creado el consejo educativo del pueblo afroboliviano; se tiene el instituto de lengua del pueblo afroboliviano, con técnicos con los que se ha trabajado una currícula regionalizada y se ha implementado en varias escuelas en los Yungas. 

Otro de los temas que se identificó como una debilidad era sobre los derechos sexuales y el tema de género, no se habían implementado en la malla curricular y gracias a la UNFPA es que hemos podido acceder a una consultoría para incluir estos temas. 

Por último, Pérez manifestó que otro de los retos que deben encarar es la aplicación de la Agenda de Despatriarcalización y Descolonización para Vivir Bien, ya que fue paralizado durante el gobierno de transición.

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