Una de las represiones militares y policiales en la localidad de Huayllani, Sacaba, en noviembre de 2019. Foto: RR.SS.

Karem Mendoza Gutiérrez

Las víctimas de la masacre de Huayllani, Cochabamba, pedirán al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) eliminar el discurso —impuesto por el gobierno de facto— de que existió una matanza entre comunarios y exhortan ratificar la vulneración de derechos humanos en las represiones violentas protagonizadas por los militares en 2019. 

“Pedimos que haya una investigación totalmente imparcial y objetiva para identificar a los verdaderos autores y descartar la idea que seguía manejando el anterior ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de que nosotros mismos nos habríamos disparado o era un autoatentado”, afirmó el asesor jurídico de los afectados de Sacaba, Ricardo Leclere, en contacto con el periódico Bolivia. 

Los familiares de los fallecidos, heridos y detenidos tendrán un primer acercamiento con el GIEI, enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hoy (sábado) a las 13.00 en el municipio de Shinahota.

 La primera reunión será informativa, ya que los expertos explicarán el trabajo que desarrollarán por seis meses en el país. Posteriormente, se entablarán encuentros específicos, entrevistas con las víctimas y visita al lugar de la masacre. 

PREPARAN INFORMES 

El jurista informó que el equipo de abogados prepara los informes con pruebas de las masacres, que serán presentados a los investigadores internacionales en las próximas reuniones. 

“Cuando hagamos los trabajos de campo, en el lugar de los hechos, entregaremos los detalles de cada víctima”, explicó Leclere. 

El 15 de noviembre de 2019 en Huayllani, municipio de Sacaba, llegó una marcha decomunarios del Trópico que buscaban ingresar a la plaza principal de Cochabamba. 

En el lugar, efectivos policiales y militares usaron agentes químicos y la fuerza para dispersar a los manifestantes Producto de estos hechos violentos, 10 personas fallecieron y 90 resultaron heridas.

El jueves, la justicia dictó detención domiciliaria para el comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, el general Alfredo Cuéllar, implicado en la masacre de noviembre de 2019, en el marco de las investigaciones. Los afectados esperan un juicio justo contra quienes ordenaron disparar.

Buscan beneficiarse con la ayuda humanitaria

El gobierno de Añez tardó en efectivizar el DS 4176 de ayuda humanitaria.

Las víctimas agendarán una reunión con el Gobierno para beneficiarse de la ayuda humanitaria, establecida en el Decreto Supremo 4176, la cual no reclamaron debido a que rompieron relaciones con el gobierno de facto. 

La norma determina cinco ayudas humanitarias: la entrega de Bs 100 mil a las familias de los fallecidos, atención médica, becas de estudio para los menores que quedaron huérfanos, trabajo y alimentación. 

La anterior administración entregó el dinero dos semanas antes de la conclusión del gobierno golpista de Jeanine Añez y llegó solo a 12 víctimas de la masacre de Senkata y La Paz. El resto de las familias de los fallecidos espera recibir los beneficios.

“En la siguiente reunión con el Gobierno analizaremos el decreto supremo y veremos la conveniencia o no de estos artículos”, explicó el asesor jurídico de los afectados de Huayllani, Ricardo Leclere, al periódico Bolivia. 

Asimismo, solicitarán que cualquier ayuda sea “lo menos burocrática posible” para garantizar la atención oportuna e inmediata a los heridos. 

El encuentro está previsto para la próxima semana con los personeros del Ministerio de Salud, donde exhortarán atención médica postoperatoria y cooperación social por la cantidad de personas que perdieron a sus seres queridos.

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