Imagen referencial. (Foto: RRSS)

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El delegado defensorial de Santa Cruz, Carlos Lara, informó este lunes que una mujer perdió a su bebé de cuatro meses de gestación, luego de peregrinar por varios hospitales públicos y particulares de la zona Plan 3.000 de la ciudad de Santa Cruz, los cuales le negaron la atención a causa del paro médico y en otros casos le pidieron cancelar dinero de manera anticipada para la hospitalización.

“Visite los centros de salud que hay cerca del barrio Plan 3.000, pero no me quisieron atender. Ahora me encuentro en la clínica Médicos Cristianos Solidarios, tenía un embarazo casi de cuatro meses y mi bebé se murió”, relató Liz Cuellar con la voz entrecortada, en contacto con Patria Nueva.    

El hecho ocurrió el 19 de febrero, el primer día del paro médico, cuando Cuellar recorrió varios hospitales en busca de atención médica porque sentía dolores en el vientre.

El delegado defensorial detalló que Liz se dirigió primero al centro médico Fe y Alegría, en la zona Plan 3.000, allí en el área de Emergencias le dijeron que para ser atendida debía contar con el Seguro Universal Materno-Infantil (SUMI) y una prueba de embarazo, lo cual a —criterio del representante de la Defensoría del Pueblo— es un atentado contra la salud porque estos requerimientos deben ser subsanados en ese momento y no ser un impedimento para la hospitalización, en casos urgentes.

Luego se trasladó hasta una clínica privada de la misma zona, donde para recibir atención le exigieron la cancelación previa para estudios médicos a los cuales no pudo acceder porque no contaba con el dinero suficiente. Más tarde acudió a otro nosocomio donde le comunicaron que no recibían pacientes por la pandemia del Covid-19.

Ante esa situación continuó buscando y se trasladó a una red de centros particulares en los cuales para ser atienda le pidieron pagar un monto de dinero para recetas y exámenes por lo que tuvo que retirarse a su casa, detalló Lara.

“Estaba en condiciones de necesidad de atención urgente y haberle negado el requerimiento es un agravante de tipo social, ético, moral y además que vulnera derechos”, manifestó.

La Defensoría del Pueblo coordinó con el Hospital de la Mujer Percy Boland para la atención de la mujer donde le practicaron un legrado. Ahora se encuentra en condiciones estables.

En tanto, el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, indicó que se realizará un seguimiento para evaluar el caso.

“Vamos a pedir un informe a los fiscales del Plan 3.000 porque podrían haber faltas penales que investigaremos desde hoy mismo”, advirtió la autoridad.

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