Tras la votación del 18 de octubre en las elecciones generales hubo felicitaciones de entidades nacionales e internacionales por el ejemplar comportamiento de los electores bolivianos y también al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por su esfuerzo en la organización de las justas. No obstante, horas después surgieron sectores como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) en Santa Cruz y otros grupos minoritarios en otras regiones como Cochabamba, donde se manifestaron denunciando fraude en las últimas elecciones, peros sin una sola prueba.

El derecho a la protesta está amparada por la ley, pero nada justifica la violencia que se genera en ellas. Puntualmente, la noche del miércoles en la Llajta, la candidata Andrea Barrientos y Samantha Nogales de Comunidad Ciudadana (CC) fueron agredidas por manifestantes con piedras, botellas y otros objetos. Similar figura se dio en Potosí, con el candidato a vicepresidente de Creemos, Marco Pumari.

La violencia desde todo punto de vista es reprochable y nada justifica las reacciones contra estas personas. La Policía, la Fiscalía y otras entidades deben tomar cartas en el asunto para evitar que se repitan y, sobre todo, precautelar la seguridad de estas personas agredidas.

La presidenta Jeanine Áñez y organismos internacionales ya destacaron el rol del TSE en la organización de las elecciones, además, felicitaron al virtual ganador Luis Arce (MAS). Por tanto, no existen otras observaciones a la jornada electoral y se debe repudiar los actos vandálicos que nuevamente buscan generar malestar en la población.

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