El ingreso a la cárcel de Palmasola, Santa Cruz. (Foto: Radio Éxito)

Reynaldo J. González / Bolivia Digital

Trece computadoras fueron habilitadas para la realización de audiencias virtuales, desde este lunes, que permitan el rápido descongestionamiento del penal de Palmasola ante el brote de coronavirus (COVID-19) registrado desde el 11 de mayo entre la población penitenciaria.

Según un reporte de la televisora estatal BTV, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, proyectó que los equipos permitirán la realización de al menos 282 audiencias virtuales hasta el próximo viernes en beneficio de los privados de libertad.

De acuerdo con reportes de prensa, en los últimos cinco días la cantidad de personas infectadas con COVID-19 al interior del principal recinto penitenciario del departamento de Santa Cruz se incrementó de 19 a 62, con un saldo de seis decesos.

El brote preocupa al Gobierno central al tratarse de la cárcel más poblada del país con más de 5.000 internos, muchos de ellos sin sentencia ejecutoriada.

El 4 de mayo, la presidenta Jeanine Áñez promulgó un decreto presidencial de indulto y amnistía por razones humanitarias en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, a fin de evitar la propagación de la pandemia en centros de reclusión de todo el país.

La normativa está destinada a beneficiar a personas de más de 58 años, aquellas con enfermedades crónicas, con discapacidad, mujeres embarazadas, personas que tuvieran bajo su custodia a menores de edad, algunas con detención preventiva o medidas sustitutivas, entre otros. No beneficia a individuos que hayan cometido crímenes como homicidio, infanticidio, feminicidio o agresiones sexuales.

Desde la promulgación de la normativa humanitaria, el Gobierno central exhortó al Órgano Judicial la aceleración de los trámites legales para el cumplimiento de la medida, más aún si se considera el hacinamiento poblacional característico de las cárceles de Bolivia.

De acuerdo con una proyección emitida el martes por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, se espera que la medida beneficie a un mínimo de 2.000 privados de libertad.

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