Reunión entre el Procurador y el Grupo de Expertos de la CIDH. Fptp: PGE

Karem Mendoza Gutiérrez

El Procurador General del Estado (PGE), Wilfredo Chávez, pidió al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investiga las masacres de 2019, garantizar el derecho a la verdad sobre los actos violentos y remarcó que la principal expectativa de la institución es que los familiares de las víctimas encuentren justicia.

“Cuando hay vulneraciones de los derechos humanos lo que hay que garantizar es el derecho a la verdad”, afirmó la autoridad, al referirse a los juicios que podrían instaurarse tras las investigaciones a las masacres de Senkata, Sacaba y El Pedregal.

En el encuentro, Chávez intercambió información sobre las represiones suscitadas entre noviembre y diciembre del pasado año. Además, respondió a todas las preguntas y cuestionamientos de los miembros de la GIEI, respecto al ordenamiento jurídico legal del Estado boliviano y la forma en que podrían aplicarse en las investigaciones.

El Procurador marcó una diferencia con el enfoque asumido por la anterior gestión, que abordó las muertes de más de 35 personas como resultado de un enfrentamiento civil cuando se trataban de masacres.

En esa línea, denunció que la anterior Procuraduría realizó labores de “persecución política” contra los representantes del pueblo y dirigentes sindicales que reclamaban por la vigencia y respeto a la democracia que fue violentada por el golpe de Estado de 2019.

Aseguró que su gestión se enmarcará en la defensa de la verdad, justicia y los derechos humanos, en atención al mandato principal de la institución, que es la defensa legal del Estado tanto en territorio nacional como internacional.

Los expertos, enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), iniciaron sus labores el 23 de noviembre y sostuvieron reuniones con los familiares de las víctimas de las masacres y autoridades del Órgano Legislativo y Ejecutivo.

Las autoridades gubernamentales suscribieron un protocolo de actuación del GIEI para garantizar el trabajo “independiente y autónomo” que da las líneas al equipo de especialistas.

Los expertos emitirán un informe final en seis meses y durante su estadía en Bolivia agendarán reuniones con todos los sectores afectados para emitir recomendaciones a las autoridades judiciales.

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