El viceministro de Transparencia Institucional, Guido Melgar, pidió actuar con celeridad en el tratamiento de la denuncia presentada contra Evo Morales, Luis Arce, el ejecutivo de la COB y otras autoridades municipales por el bloqueo de carreteras. (Foto: Ministerio de Justicia)

Bolivia Digital

El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra La Corrupción, Guido Melgar, informó este lunes que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional presentó una denuncia contra la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, quien habría usado bienes del Estado para organizar el bloqueo de caminos.

“Se hace conocer la denuncia contra Evo Morales, Luis Arce, Leonardo Loza, Andrónico Rodríguez y compañía por los delitos de genocidio, terrorismo, sedición, atentados contra la salud pública. En la denuncia presentada por el Viceministerio también se incluye a la alcaldesa de Vinto por estar facilitando la maquinaria de la Alcaldía en el traslado de escombros y tierra con la finalidad de bloquear las carreteras”, explicó.

Los bloqueos de carreteras provocados por el descontento con la fecha de las elecciones — definidas por el Órgano Electoral para el 18 de octubre — no permitieron desde el lunes el libre tránsito de los alimentos, ambulancias, medicamentos y oxígeno medicinal para los enfermos de coronavirus y de otras patologías.

Al respecto, la autoridad solicitó al Ministerio Público activar las investigaciones correspondientes de los “hechos delictivos” generados por los bloqueos.

“Se hace referencia también a una solicitud que se envió al fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, para que instruya a nueve fiscales departamentales el inicio de las investigaciones de aquellos hechos delictivos provocados por los bloqueos”, aclaró Melgar.

A la fecha, varios fueron los intentos de diálogo con los sectores movilizados afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y las diferentes instituciones pidieron agotar las vías de concertación por la pacificación del país. Dos instituciones solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado pueda intervenir en el marco de la ley.

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