Hoy es 11 de octubre el Día de la Mujer Boliviana, en homenaje al natalicio de la valiente poetiza Adela Zamudio quien a través de sus espectaculares textos desnudó la desigualdad e inequidad en las que estaban subsumidas las mujeres por el carácter eminentemente machista de la sociedad de los siglos XIX y XX.

Han transcurrido 92 años desde la muerte de la escritora (1928), pero muy poco se ha avanzado en la disminución de la violencia en razón de género y en general del respeto de los derechos de las mujeres bolivianas. Una prueba de ello es que tras casi 200 años de vida independiente el país estuvo presidido únicamente por dos mujeres, la primera Lidia Gueiler Tejada y la segunda la actual presidenta constitucional Jeanine Áñez. Otro espacio que fue estaba reservado exclusivamente para los hombres es el Ministerio de Relaciones Exteriores en el que por primera vez en la historia del país funge una mujer como Canciller; la Dra. Karen Longaric.

Durante la vida democrática del país se desarrollaron 17 elecciones nacionales, en los que solo cuatro mujeres postularon a la Presidencia cifra que revela que el machismo y la inequidad de género persiste en organizaciones políticos.

La participación política de las mujeres incrementó significativamente en el ejercicio de cargos, varias mujeres ocupan u ocuparon cargos importantes dentro del directorio legislativo municipal, como presidentas del Concejo, vicepresidenta y secretarias de actas. No obstante, dicho avance es insuficiente.

Una prueba de ello es que estando el país a puertas de un nuevo proceso electoral y la vigencia de la normativa electoral que garantiza la participación equitativa e igualitaria de las mujeres con relación a los hombres en las listas de candidatos a diputaciones y senadurías de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estamos a una semana de las elecciones generales del 18 de octubre y la mayoría de los partidos en carrera continúan incumpliendo el criterio de paridad y alternancia de género establecida por la normativa vigente, que establece que la participación en las listas de hombres y mujeres debe ser igualitaria en un porcentaje del 50%. 

Según un estudio realizado por la Coordinadora de la Mujer “sólo una de las siete fuerzas políticas en carrera electoral está a punto cumplir los 59 criterios de paridad y alternancia en su lista de candidaturas, establecidos en la normativa electoral; la misma que da potestad al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de rechazar listas completas en caso de incumplimiento. En tanto, las otras seis presentan grados de cumplimiento de los indicadores que va del 94,92% al 42,31%. Organizaciones de mujeres de todo el país han iniciado una vigilia en resguardo de los derechos políticos de las mujeres”.

A ello se suma el problema de no existe una participación política real y efectiva de las mujeres en espacios de poder y tomas de decisión, de acuerdo a un estudio presentado por la coordinadora de la mujer la mayoría de las renuncias a cargos electos corresponden a mujeres quienes son presionadas por sus organizaciones políticas para ceder su puesto a un hombre.

La Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, promulgada el 28 de mayo de 2012, fue promulgada en respuesta al asesinato de Juana Quispe, concejala del municipio de Ancoraimes de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, quien apareció sin vida y con signos de estrangulamiento.

La ley define como acoso político «al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos».

Pese a la normativa y a los avances las mujeres que ocupan cargos de poder son cuestionadas por su capacidad o son melladas en su dignidad con la difusión de materiales montados con contenido explicito con el afán de desprestigiar su imagen tal como ocurrió meses atrás con la actual presidenta Jeanine Áñez y la presidenta del Senado Eva Copa, hecho que nunca ocurrió con un presidente varón. 

El machismo es un problema estructural y transversal que atraviesa todas las esferas de la sociedad y para erradicarlo es necesaria una transformación del modelo educativo que coadyuve a un cambio de conducta y mentalidad que promueva el respeto de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

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