El presidente del Tribunal Supremo de justicia (TSJ), Olvis Egüez Oliva, enumeró —en un artículo publicado por el periódico Bolivia— el conjunto de retos que debe enfrentar la Justicia para este momento histórico. Se trata de una reflexión que debe ser contrastada a la luz de los recientes acontecimientos marcados por una polarización política y los efectos de la pandemia de coronavirus que no solo afectó a Bolivia, sino al resto del planeta.  

“El Órgano Judicial, como parte del Estado Plurinacional de Bolivia, nunca antes como ahora, es el único y directo responsable de construir la administración de Justicia que todos queremos, en realidad ya no un Poder sino un servicio público acorde con los principios de la Constitución Política (…). En tiempos actuales, con la crisis política absoluta, en el plano de la salud, social, económico e institucional, como Órgano judicial es importante asumir el reto de transformar estructuralmente el sistema, elaborado desde el interior de la institucionalidad y consensuados con la sociedad boliviana, que nos permita diseñar un Plan Estratégico Institucional 2020-2025”, escribió el magistrado.

Egüez Oliva animó a sus colegas magistrados a asumir este reto con la perspectiva de cambiar el sistema judicial con una visión contraria a la arbitrariedad y a la corrupción. Se entiende que el mandato de cada juez deberá ser imparcial, garantista y alejado de las tentaciones del clientelismo político que afectó fallos judiciales, especialmente vinculados con el poder.

De hecho, la administración de justicia deberá velar por los derechos individuales y colectivos de manera que sea el paraguas institucional de la democracia, que —por cierto— fue brutalmente torpedeada durante el gobierno de Evo Morales. Negarse a aceptar los resultados de un referéndum y luego intentar manipular los resultados de las elecciones encabezan la lista de esos hechos sobre los que urge aplicar justicia.

Durante los 14 años anteriores llamó la atención, por ejemplo, que una prominente jueza se adscriba a las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) para ser diputada. Ella actúo en el ejercicio de sus facultades ciudadanas, pero deja resquicios para pensar que hubo injusticia. Nótese que hablamos de la legisladora que estuvo a cargo del caso Terrorismo.

Otro desafío que tiene la Justicia pasa por la necesidad de procesar a los ciudadanos que estuvieron involucrados en los bloqueos de caminos del pasado mes de agosto. No se trata de criminalizar la protesta, como sostiene la exjueza Betty Yañíquez, sino de sancionar a las personas que destruyeron carreteras y obstaculizaron el tránsito de medicamentos, oxígeno medicinal y alimentos. No es posible que la nueva Justicia, que postula el magistrado Egüez, tolere que una minoría prive a miles de ciudadanos de acceder a alimentos.

Los desafíos de la Justicia boliviana también pasarán por la necesidad de asumir un papel más protagónico, de manera que no sea necesaria la participación de organismos extraterritoriales, como la Corte Penal Internacional para juzgar delitos tan graves por la violencia motivada por razones políticas e ideológicas. La construcción de la paz social pasa por aplicar candados a los líderes políticos preservando ante todo la democracia.

El país está cambiando y la Justicia tiene mucho que aportar. Cuidemos la independencia de los jueces; sin presiones ni candados.

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