Entre el 31 de octubre y el 14 de noviembre, Luis Arce será investido como el presidente número 67 de Bolivia. Le acompañará David Choquehuanca como vicepresidente. Ambos formarán la dupla que conducirá a Bolivia hasta el bicentenario de su fundación en una ruta plagada de retos económicos, políticos y sociales, todos ellos marcados con la agenda urgente de la reconciliación.

Veamos. Arce recibirá un país inmerso en una crisis provocada por la pandemia del coronavirus que paralizó la economía global y, seguramente, se dará cuenta de que la primera medida de pagar el “Bono contra el hambre” solo representará un parche, pues el país necesita generar excedentes a partir de una política que permita diversificar la economía. Redistribuir la riqueza, claro que sí. Pero antes se debe generar esa riqueza, esos recursos. Arce sabe bien que el primer gobierno del MAS estuvo acompañado por una bonanza económica inédita. La tuvo fácil, ahora se debe arar la tierra.

Arce debe llegar al Palacio Quemado plenamente consciente de las limitaciones económicas que aquejan al país en tiempos de pandemia. El camino fácil será imponer un discurso que culpe al gobierno saliente sin reparar en la responsabilidad que él mismo tuvo cuando le tocó administrar los recursos del país. Lo ideal es que se generen políticas de consenso y, en ese marco, será inevitable apelar a recursos de préstamos internacionales. Con guitarra siempre es otra cosa.
Entre los desafíos que debe encarar el país está, como si fuera poco, la necesidad de girar al desarrollo de energías limpias y el litio aparece como una gran oportunidad de desarrollo que se debe encarar con sabiduría y consenso social, pues el planeta entero ingresará progresivamente en el ocaso de los combustibles fósiles.

Para poder desarrollar esta estrategia de desarrollo económico y Arce pueda, efectivamente, cumplir con la promesa de crecimiento, hará falta un gran pacto social de consenso. En este escenario, el papel de David Choquehuanca será realmente importante, pues le tocará buscar todos los acuerdos posibles con la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), la nueva fuerza de oposición que debe ejercer los equilibrios necesarios del poder.

El desafío político de Arce se concentrará, en este escenario, en la urgente necesidad de fortalecer la separación y coordinación entre los poderes públicos, con particular interés en la renovación de la justicia. Los operadores de la justicia no deberían articular intereses personales en un momento en el que se trata de reestablecer los valores institucionales del país. Esto implica, de hecho, esclarecer por completo el caso de Fraude electoral y las denuncias de trata de personas que pesan contra Evo Morales, así como investigar a las exautoridades que están asiladas hace un año en la residencia de la embajada de México.

La gente votó el domingo 18 de octubre convencida de que debe tener un mejor futuro, que sus autoridades le den certidumbre sobre el futuro. Por eso, la práctica nociva de bloquear para satisfacer demandas sociales debe quedar olvidada. Los desafíos son enormes y cualquier obstáculo para el desarrollo debe ser despejado.
La señal que dio Arce cuando prometió un “gobierno de unidad” fue la más importante de las últimas. Sería respetable, si quiere continuar en esa ruta, que levante de su léxico el criterio de “golpista” o “de facto” y que reclame respeto ante naciones como Argentina para el Estado. Hubo mucho manoseo extranjero de la imagen internacional. Bolivia, de este modo, también debe fijar las premisas de un diálogo con la comunidad internacional basado en la cooperación, más allá de las razones ideológicas. Bolivia aún merece muchos más esfuerzos.

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