Los medios públicos gozan de buena salud en una buena parte del mundo. De hecho, a partir de una sólida institucionalidad, muchos de ellos se han convertido en referentes de credibilidad, incluso más allá de sus fronteras. Además, estas entidades expresan los intereses y la imagen de sus respectivos países para conectarse con el mundo.

La consolidación de los medios públicos es una tarea pendiente en Bolivia. Sin bien existe un Sistema Plurinacional de Comunicación, de la que son parte radio Illimani, el periódico Bolivia, Bolivia TV, la Agencia Boliviana de Información (ABI), además de la Radios de los Pueblos Originarios (RPO), que aportan desde su propia naturaleza en la difusión de contenidos oficiales de información y educación, existe el criterio ciudadano que afirma que estamos frente a medios de la propaganda oficial.

Pues bien. Esos mismos ciudadanos, testigos de los 14 años en los que gobernó Evo Morales, pueden concluir con facilidad que estos medios han sido instrumentalizados en favor del jerarca y en desmedro de una auténtica política pública en materia de comunicación. Durante el actual gobierno transitorio, las autoridades enfrentaron una crisis multifactorial y no se logró aterrizar en una estrategia comunicacional concreta, según dijo el ministro de Obras Públicas, Iván Arias. No obstante, una evaluación respecto a este tópico puede venir luego.

Volviendo a la reflexión inicial, es oportuno señalar que los medios del Estado están orientados a una política pública de servicio. Su misión de informar y comunicar las decisiones oficiales, así como acciones que implican al ciudadano, se ha transformado en un desafío clave en momentos en los que, por ejemplo, se enfrentó la pandemia de coronavirus. Si nuestro avispado lector pasa revista a las entregas del periódico Bolivia durante la cuarentena rígida se encontrará con reportes útiles para frenar el avance del enemigo invisible. De igual modo, radio Illimani, las RPO y Bolivia TV hicieron un gran aporte con propuestas novedosas.

A pesar de estos resultados, la demanda de una política pública comunicacional que impacte en la sociedad requiere de un mayor compromiso de parte del Estado, pues se trata, además, del acompañamiento decisivo de las libertades ciudadanas. Los medios públicos deben expresar la decisión gubernamental de respaldar el acceso a la información y, por ese camino, a mejorar todos los indicadores de transparencia.

También es cierto que la configuración de políticas públicas se da en la base a las necesidades específicas que enfrenta cada administración gubernamental, pero sin descartar las obligaciones que tiene el Estado respecto a instrumentos internacionales acordados a través de convenciones y entendimientos bilaterales en cuanto a asuntos precisos especialmente vinculados con la protección y promoción de los derechos humanos.

La puesta en escena o el desarrollo de las políticas públicas en el ámbito de comunicación deben ser, por tanto, parte de una estrategia del Estado en tanto se comprenda el papel estratégico en la emisión de mensajes y campañas sobre asuntos específicos que tienen que ver con la gestión y cumplimiento de objetivos/resultados que sean medibles. Y es aquí cuando los medios públicos juegan un papel clave.

Una vez más. Los medios públicos constituyen una herramienta estratégica en favor de la transparencia y la divulgación de mensajes sobre políticas públicas y decisiones clave. Además, respaldan los compromisos internacionales asumidos a partir de convenciones y acuerdos bilaterales. El desarrollo tecnológico de las comunicaciones amplifica las posibilidades de cumplir con los derechos y libertades.
Finalmente, una política pública de esta índole debe construirse tomando en cuenta las garantías establecidas por el Estado en favor de “las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información” de los ciudadanos.

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