Luis Fernando Alcázar.

Luis Fernando Alcázar

La seguridad y defensa es una rama de la administración de los Estados que lamentablemente en Bolivia no es tomada en cuenta por la clase política, ya sea por un total desconocimiento o por una voluntad explícita de no hacerlo, específicamente en su relación con las FFAA, la misma que debería partir del concepto de que ellas son una institución de Estado y no de gobierno.

Pero, ¿por qué el presidente es el capitán general de las FFAA si son una institución del Estado y no de gobierno? Para responder, tomemos en cuenta que, en otros Estados, el jefe de Estado es una persona y el jefe de Gobierno es otra, como en España e Inglaterra, en Bolivia las dos comisiones recaen en una sola persona, el presidente del Estado, por lo que la Sra. presidente Áñez es capitán general de las FFAA en tanto es jefa de Estado.

Nuestro sistema de administración política ha elegido la democracia y con ella la subordinación del poder militar al poder político o también orientado bajo el principio del control democrático de la defensa, pero esto no implica subsumir al capricho de los gobernantes los derechos profesionales de los militares, dado que el cuerpo legislativo militar explica claramente en la Ley Orgánica de las FFAA 1405 de 30-dic-1992 en su artículo  113: «Los derechos que adquiere el personal militar como consecuencia del cumplimiento de sus obligaciones son: a) Profesionales: 1) Ascensos; ergo, el ascendente a general, siendo un derecho, pasa a demandar del Estado su respeto a través de las instituciones responsables de hacer efectivo, la FFAA el Órgano Legislativo y el Ejecutivo, en ese orden inductivo.

El proceso de ascenso al alto grado de general está enmarcado en el derecho positivo y sustantivo inherente al tema, por lo que comienza con la aplicación del Art. 65 del mismo instrumento normativo que dice: “Los comandantes generales de Fuerza, hijo de los responsables de mantener una Fuerza en condiciones de eficiencia y empleo en tiempo de paz y guerra. Sus atribuciones y autorizaciones principales son: ñ) Ejercer la administración del personal de su Fuerza, elaborando las Órdenes Generales de Ascensos y Destinos, para su aprobación por el comandante en jefe.

En el caso es el Tribunal de Personal de cada fuerza que determina quiénes «merecen ascender » aclarando que tal ascenso no es para los que desean hacerlo, ni para los que pueden «ascender», es un «merecimiento  profesional» derivado de 30 años de trabajo, que son acumulados en una evaluación específica para colegir los mejores promedios y consecuentemente sus protagonistas sean reconocidos por el Estado con el grado más anhelado de los uniformados.

Ya en el escalón superior, el Comando en Jefe de las FFAA se aplica el  art. 109 que dice : “El  Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas sesionará en forma especial para aprobar los ascensos a la categoría de oficiales generales y almirantes, analizando la evaluación de los Tribunales del Personal de las Fuerzas, debiendo registrar sus decisiones en acta respectiva, en base a los procedimientos aprobados en su reglamento ”.

Posteriormente, definida la relación nominal de los merecedores, esta se eleva a la definición del «Capitán General de las FFAA en cumplimiento estricto de la LOFA en su  Art. 21: “ El presidente de la República, en su condición de Capitán General de las Fuerzas Armadas de la nación, tiene las siguientes atribuciones y autoridades: c) Proponer al Senado la aprobación de los ascensos a generales y almirantes de las Fuerzas Armadas en sus diferentes grados, con informes de sus servicios de acuerdo a vacaciones específicas”.

El capitán general de las FFAA, en este caso la señora presidente Áñez, aplica la Constitución Política del Estado en su Art. 172, que reza: “Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley: 19. Proponer  a la Asamblea Legislativa Plurinacional los ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante y Contralmirante, ya General de la Policía, de acuerdo a informe de sus servicios y promociones.

El Capitán General de las FFAA considera la relación nominal propuesta por el mando militar, podrá alterar tal documento, si, está en sus atribuciones, de hecho ha sucedido muchas veces, pero eso nunca podría implicar una política o intromisión ideológica política en la institución armada , lo que destruye la institucionalidad, y lesiona en sus efectos la relación disciplinaria interna, por lo tanto, aquel que asciende por favor político, pierde totalmente la consideración de la institución en general y de los subalternos en particular, una suerte de «muerte civil» en el ambiente uniformado, lo que también se dio varias veces, nobleza obliga reconocerlo.

El Capitán General de las FFAA remite a la Cámara de Senadores, la relación nominal de marras, un fin de que, tal nivel legislativo de cumplimiento al Art. 160 de la CPE que reza: “Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determinan esta Constitución y la ley: 8. Ratificar los ascensos, una propuesta del Órgano Ejecutivo, un General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante, Contralmirante y General de Policía Boliviana.

Finalmente, el Senado generará la ley correspondiente en el marco del Art. 250. “ Los ascensos en las Fuerzas Armadas serán otorgados conforme a la ley respectiva. Y en la sanción de la misma termina el proceso.

Observar que, en ningún momento, «debe» hacer una opción para una política o ideología de los ascensos, dado que tal situación se convertiría en la FFAA en un instrumento político de partida, de dimensiones muy perjudiciales a la institución y al Estado, transformando a una institución fundamental para el Estado en un sindicato, conllevando la perdida de disciplina, la subordinación, y su autodestrucción, ya lo hizo el MNR y conocemos los resultados.

Pero algo fundamental, en la aplicación del art. 160 está la gran diferencia entre la anterior Constitución Política y la actual, dado que anteriormente el Senado tenía como atribución en su Art. 66 “ aceptar o negar, en votación secreta, los ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División, de Brigada, Almirante, Vicealmirante, Contraalmirante de las Fuerzas Armadas de la Nación, y General de la Policía Nacional, propuestos por el Poder Ejecutivo ”hoy, la Constitución de 2009 restringe tal atribución al Senado, reemplazar la“ aceptación o negación ”, solo por la ratificación, lo que no da opción a debatir, negar o alterar la lista enviada por el Capitán General de las FFAA, sencillamente debe hacerlo …… solo debe ratificar.

Los militares en tanto ciudadanos bolivianos tienen derechos y más aún obligaciones, dado que por efecto de la «Subordinación y Constancia» que implica un régimen disciplinario en el que uno manda y otro obedece sin opciones, no dicen nada, pero seguros estamos que hay un macho interno, muy acentuado, por qué, el no ascendente es una “injusticia flagrante” que solo provoca una suerte de “efecto bumerán” a quienes lo impiden.

 

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