El cónsul boliviano en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, en la entrevista que dio a Red Uno. (Foto: Bolivia Digital)

 

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La canciller Karen Longaric anunció que se analizará la destitución del cónsul general de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, una vez que conozca el informe sobre su participación en la presunta compra irregular de 170 respiradores de una empresa española.

«He creído justo que el Cónsul venga a Cancillería y preste un informe, y después de ese informe se lo pueda procesar o simplemente determinar que ha incumplido sus funciones, que aparentemente así lo ha hecho», afirmó Longaric, durante una entrevista en el programa Noches Sin Tregua de la televisora Cadena A.

La Canciller ratificó que ayer se convocó al diplomático para que presente un informe en La Paz, ante la Junta de Procesos Administrativos, sobre su participación en dicha adquisición y que en caso de que se haya excedido en sus funciones, será sancionado con la destitución y después las instancias judiciales decidirán lo que corresponda.

No obstante, afirmó que Pareja dio a conocer que tiene dificultades para hallar un vuelo para retornar a Bolivia y que está haciendo los esfuerzos necesarios.

La postura se registra luego de la aprehensión, el pasado martes, del director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y el director general de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco, por su vinculación en la compra, con presunto sobreprecio, de 170 respiradores a la empresa española GPA Innova.

Un día después, el entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas, acudió de forma voluntaria la Fiscalía para prestar su declaración, pero la autoridad jurisdiccional determinó su aprehensión porque se hallaron elementos que lo vinculan al caso; hoy se efectuará su audiencia de medidas cautelares. También se arrestó a otros funcionarios por estar involucrados en el ilícito.

En ese marco, la Fiscalía anunció que se convocará a Pareja para declarar por su presunta participación en la adquisición de dichos equipos.

Longaric aclaró que si bien los consulados pueden dar asistencia a las diferentes instancias del Gobierno y a los connacionales en el extranjero, los cónsules no pueden realizar gestiones que van más allá de sus competencias. «Hacerlo significaría que están transgrediendo la norma estipulada dentro de la Ley del Servicio Exterior», dijo.

Entretanto, la autoridad dijo que el Cónsul ya envió un amplio informe de las gestiones realizadas para colaborar al exministro Navajas y a los funcionarios encargados de la compra de los respiradores.

Precisó que tras una solicitud de la Procuraduría General del Estado, dicho informe fue derivado a esa entidad, así como los informes de otros funcionarios diplomáticos.

La Canciller reiteró que la nota enviada por el Cónsul de Bolivia, en la que daba cuenta de la oferta de otra empresa que pedía la mitad del precio por los respiradores, llegó a la Cancillería el 11 de mayo, pero que ella se enteró de la misma recién el 18 de mayo.

«Se constató que la nota llegó el 11 de mayo a Cancillería y los funcionarios encargados de la distribución de la nota, en lugar de pasarla a mi despacho, se la pasaron a conocimiento de los tres viceministerios, esa fue una negligencia que se sancionó», dijo Longaric.

Ante esto, la autoridad aclaró que el único rol de la Cancillería en el proceso de adquisición de los equipos fue coordinar el permiso de la aeronave de BoA, para recoger los equipos de España.

Afirmó que se trata de un proceso habitual, para el sobrevuelo y aterrizaje, en lugares donde las aeronaves con matrícula boliviana no tienen frecuencias.

«Pero de ahí que digan que la Canciller tiene alguna vinculación con el negocio que hizo el Ministerio de Salud es una total y absoluta falta de respeto, y saben que ellos no miden la dimensión de la investidura que tiene un Ministerio de Relaciones Exteriores y una Canciller», afirmó Longaric.

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