La señorita Eva Copa ha decidido, como presidenta del senado, designar una comisión que deberá analizar, escudriñar y dar un veredicto sobre lo que ocurrió con el tan bullado caso de la compra de 170 respiradores artificiales.

Las denuncias dicen que el sobreprecio pagado por esos respiradores asciende a 3,7 millones de dólares, monto que la empresa proveedora ha anunciado que lo compensará enviando, sin costo, respiradores más completos.

Y ha surgido la noticia de que esos respiradores que lleguen, e incluso los menos sofisticados de la compra original, no podrán ser de utilidad en el país debido a que los hospitales y centros de salud carecen de los equipos necesarios.

Lo que hizo que todas las miradas se dirigieran hacia los responsables del gobierno anterior, que manejaron 310.000 millones de dólares pero no destinaron lo suficiente a la salud, aunque a la propaganda le destinaron 4.000 millones.

Durante la vigencia del actual parlamento, que fue elegido en las irregulares elecciones de 2014, se presentó la denuncia de que la compra de los teleféricos de La Paz tuvieron un sobreprecio de 250 millones de dólares.

La denuncia fue presentada, con datos precisos, por el periodista Rafael Archondo, pero el parlamento, donde la señorita Copa era senadora humillada por los masistas de élite, según ella misma afirmo, no hizo nada para investigar esa irregularidad.

El MAS no conformó una comisión para encontrar la verdad de esa denuncia de un sobreprecio de 250 millones pero ahora se esmera en investigar el caso del sobreprecio de 3,7 millones de dólares de los respiradores.

La defensora del pueblo dice, a su vez, que este caso justificaría la participación de la Contraloría General, lo que ha provocado gran sorpresa, pues esa institución estuvo descansando desde 2006 hasta noviembre de 2019, y quizá ha perdido capacidad para hacer su trabajo. Es probable que se hubiera anquilosado.

En el ejercicio de la senadora Copa también se dio el caso de la compra de helicópteros que debían servir para combatir el narcotráfico, aunque en el momento decisivo el gobierno del cocalero Morales eligió los modelos de lujo, muy caros. En ese caso el sobreprecio fue de 87,2 millones de dólares, según denunció en agosto del año pasado el senador Arturo Murillo, ahora ministro de Gobierno.

Pero la señorita Copa no se ocupó de esa denuncia. No pidió que se conformara una comisión investigadora. Es probable que los ímpetus que ahora muestra por formar comisiones investigadoras hubieran estado aplacados por el trato humillante que recibía de los masistas de élite. Tal vez hubiera hecho un buen trabajo.

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