Las propias Fuerzas Armadas definen los ascensos, en concordancia con la Ley Orgánica de las FFAA y la Constitución Política del Estado. (Foto: Archivo)

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En años anteriores, el Movimiento al Socialismo (MAS) ratificó sin observaciones la lista de ascensos a generales de las Fuerzas Armadas propuesta por el Órgano Ejecutivo, pese a denuncias e impugnaciones que presentaron legisladores y miembros del Ejército.

Desde 2010, el MAS ostenta una amplia mayoría en la Cámara de Senadores. En las elecciones del 6 de diciembre de 2009, ese partido se hizo de 26 curules; en tanto que la oposición alcanzó solo 10 escaños. Mientras que en los comicios que se celebraron en octubre de 2014, el MAS logró 25 senadores y la bancada de oposición, 11 curules.

Para el ascenso a generales de las Fuerzas Armadas, la Constitución Política del Estado señala en su artículo 172, numeral 19, que es atribución del Presidente: “Proponer a la Asamblea Legislativa Plurinacional los ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante  y Contralmirante, y a General de la Policía, de acuerdo a informe de sus servicios y promociones”.

La máxima norma, en su artículo 160, agrega que la Cámara de Senadores se encargará de “ratificar los ascensos, a propuesta del Órgano Ejecutivo, a General de Ejército, de Fuerza Aérea,  de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante, Contralmirante y General de Policía Boliviana”.

En ese marco, por 10 años, el Senado ratificó las nóminas sin mucho trámite. Así fue en 2010, cuando la Cámara Alta aprobó la lista de ascensos al rango de generales de las Fuerzas Armadas propuesta por el entonces presidente Evo Morales. No importaron las impugnaciones y denuncias de vulneración a normas en la selección de los postulantes a general que entonces se registraron.

Similar situación ocurrió en 2011. Entonces, denunciaron que el Comando General del Ejército habría transgredido la Resolución Camaral emitida por el Senado RN 062/2010-2011 para favorecer a coroneles que supuestamente no cumplían con los requisitos para aspirar al grado máximo y perjudicar a cinco coroneles que cumplen con las exigencias estipuladas por las normas legales.

Explicaron que incorporaron dos requisitos para descalificar a cinco coroneles de los primeros lugares de la Promoción 1980 y beneficiar a una familiar del entonces ministro de Defensa.

En abril de 2012 se repitió esa escena. El Senado aprobó la lista de ascensos, pese a varias observaciones. Primero se denunció que el Tribunal del Personal del Ejército (TPE) calificó a 15 postulantes al generalato, incineró sus notas y solo documentó. Luego se alertó sobre la actuación del entonces viceministro de Defensa, Antonio Cueto, ya que él habría “presionado” para que no se cambie a nadie de la lista de ascensos, pese a las irregularidades señaladas.

En 2013, la Cámara Alta aprobó sin mucha objeción ni denuncias la lista de ascensos; entre los ascendidos se encontraban actuales miembros del Alto Mando Militar. Luego, en septiembre, ascendieron a Fernando Zeballos al grado de general de Ejército; a Wálter Montecinos, al grado de general de Fuerza Aérea; y a Víctor Baldivieso, al grado de almirante.

Entonces, Zeballos, en representación de los galardonados con el ascenso máximo de la carrera militar de 37 años, sostuvo que “la institución como Fuerzas Armadas no puede estar al margen de estos tiempos de cambio”.

En 2014 también se alertó de irregularidades en los ascensos, pero el Senado ratificó la lista. Personal del Ejército, activo y pasivo, denunció  irregularidades y detalló que en mayo de ese año salió la convocatoria para ascensos con un reglamento de 2006. Empero, el 7 de agosto, Evo Morales cambió esa norma presuntamente para beneficiar a “camarillas”.

En 2016, oficiales del Ejército denunciaron una manipulación de la lista de ascensos para que 10 de sus camaradas sean generales de Brigada, a pesar de que otros coroneles tenían mayor puntaje que algunos de los beneficiados. “Son 30 años de servicio sin llamadas de atención, sin procesos internos, ni nada, pero como no eran de la línea de Evo, dañaron carreras y familias”, dijo entonces un oficial que prefirió el anonimato por temor a represalias.

En 2017 se repitió la historia. Miembros de las Fuerzas Armadas denunciaron presuntas irregularidades en la designación de la cúpula del Ejército. La denuncia, presentada a través de una carta, refería que no se respetó “la institucionalidad” y la jerarquía interna.

“El Presidente señaló reiteradamente que la designación de los comandantes en la época neoliberal era decidida desde la embajada norteamericana. Ahora no ha cambiado nada, pues las designaciones provienen de las organizaciones sociales, los sindicatos cocaleros”, señala parte de un pronunciamiento.

En 2018, la Cámara de Senadores, de mayoría masista, ascendió a dos generales en una sesión reservada que se realizó en la madrugada. La convocatoria fue intempestiva, pues se lanzó cuando los senadores se encontraban en los actos del 6 de agosto, que se desarrollaban en la ciudad de Trinidad (Beni). La sesión, incluso, apenas se instaló con el quórum necesario.

La pasada semana, la presidenta de la Cámara Alta, Eva Copa (MAS), recordó que es atribución de la Presidenta el proponer los ascensos, mientras que al Senado le toca ratificarlos, pero a cuatro meses de que el Ejecutivo envió la lista de ascensos de las Fuerzas Armadas, la bancada mayoritaria del MAS se resiste a ratificar la nómina tal cual manda la Constitución Política del Estado.

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