Se trata de un viejo debate, pues muchas veces lo que es legal no necesariamente trae consigo justicia. Ante esto, los Estados procuran que ambos valores vayan de la mano en una lógica que apunta al fortalecimiento de las instituciones, lo que a su vez se constituye un gran desafío y una deuda histórica en el caso de Bolivia. El caso Fraude electoral es una muestra de ello.

Pues bien. En la agenda política de esta y de otras elecciones nacionales está presente el asunto de la justicia. Que si la meritocracia; que si las elecciones de magistrados han creado una relación de clientelismo con el poder político; que si la justicia es manipulada… y podríamos seguir sin hallar atributos positivos en la justicia boliviana para hilvanar propuestas de cambio.

No obstante, la construcción de una nación con mayor justicia es una responsabilidad de toda la sociedad y debe ser acompañada sin cálculos políticos. Por ejemplo, se ha instalado en el imaginario colectivo que cuando una persona cae presa de manera preventiva ya se hizo justicia; incluso, los medios dan por cerrado los casos cuando alguien va a la cárcel. Y eso pasa en un momento clave, cuando comienza el trabajo técnico del Ministerio Público.

Hete aquí el valor que tiene el Ministerio Público. Su misión institucional debe estar enmarcada a buscar una justicia que vaya de la mano de la legalidad y, en ese camino, promover la reparación de daños. Por eso mismo causa asombro que esta entidad, a cargo de Juan Lanchipa, haya planteado “dudas” sobre el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a la “manipulación dolosa” que se detectó durante los comicios de 2019. Llama la atención que a raíz de esas “dudas” busque ahora una pericia “independiente”. ¿Por qué no lo hizo en enero o, incluso, antes? Ese entusiasmo para hallar la verdad debería ser permanente y no solo en tiempos electorales.

Cuando no existe un apego sincero a la ley, cuando se asumen acciones asociadas a determinados cálculos políticos, se produce la barbarie y la violencia.

Por eso, llama la atención que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se haya pronunciado con tanta vehemencia en favor del fiscal cuando existe una buena parte de la población que necesitaba ese respaldo para que sus derechos políticos sean respetados (Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos), tanto en 2019, como luego del referéndum del 21 de febrero de 2016. Sí, cuando el MAS y Evo Morales se burló del voto ciudadano.

En las últimas horas, un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) señaló que unos seis millones de bolivianos pasaron a las cuentas del candidato del MAS, Luis Arce, cuando él era Ministro de Economía. Estos recursos pasaron de entidades y personas particulares, movimientos que fueron identificados cuando se realizaban las pesquisas sobre el desfalco del Fondo Indígena, uno de los mayores escándalos que empañó al gobierno de Morales.

Los actuados pasarán, como debe ser, a manos de la Fiscalía General del Estado y sería muy saludable para la institucionalidad democrática del país, para la legalidad y la justicia, que Lanchipa se muestre entusiasta para saber cómo ha pasado tanto dinero a las cuentas del exministro. Arce acusó al Gobierno de usar esta estrategia con fines electorales, mientras el ciudadano espera que le cuente de dónde vino tanto dinero.

La construcción de justicia es un proceso lento y complejo. Es un valor ligado a la democracia en tanto sea independiente de otros poderes del Estado. De ahí el poder reconstructivo del voto y la urgente tarea de crear un sistema respetable de partidos políticos. Bolivia debe avanzar por una ruta de justicia y legalidad.

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