Expertos observaron que el voto en el área rural representa el 60% de los escaños de Diputados.

Eliana Uchani / Bolivia Digital

La senadora Carmen Eva Gonzales (UD) y el abogado Luis Ayllón presentaron una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para impugnar la Ley 421, aprobada por el Movimiento al Socialismo (MAS) en 2013.

La senadora consideró que esta normativa está en contra de los Principios de Proporcionalidad, que establece la Constitución Política del Estado (CPE), al hacer valer casi tres veces menos el voto en el  área urbana, en relación a la rural.

«Es una ley discriminatoria porque rompe los Principios de Proporcionalidad y de Igualdad que tenemos que tener todos los bolivianos. Actualmente el voto de un boliviano en el área rural vale casi tres veces más que de uno que vive en la ciudad. No es posible que el 70% de la distribución de los diputados uninominales correspondan al área rural y tan solo el 30% al área urbana, cuando en las ciudades está la mayor concentración de población», dijo el abogado Luis Ayllón.

Explicó que la Ley 421/2013, referida a la distribución de escaños, otorga 43 diputados al área rural y solo 27 al área urbana a pesar de que el último Censo de Población y Vivienda de 2012 indica que el 67% de los bolivianos vive en el área urbana.

Afirmó que esta es una ley totalmente política, que fue hecha a la medida del anterior partido de Gobierno y que es parte del «fraude camuflado» del MAS, al haber logrado desequilibrar la proporcionalidad en la distribución de escaños.

Enfatizó que no es correcto que el área rural, que tiene el 23% de la población, esté representada con 43 diputados uninominales, mientras que el área urbana, que tiene el 68% de la población, esté representada por 27 diputados uninominales.

«Por eso acudimos al TCP para que arregle esta norma que está vulnerando los derechos y principios fundamentales de quienes por una u otra razón vivimos en la ciudades y que están establecidos en la Constitución Política del Estado», puntualizó el jurista.

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