El penal de San Pedro de La Paz es el segundo con más cantidad de privados de libertad en el país. (Foto: Archivo)

Redacción Central / Bolivia

La situación en las cárceles del país es cada vez más caótica, puesto que en la totalidad de los 46 reclusorios, entre urbanos y provinciales, hay hacinamiento. Sin embargo, las audiencias virtuales y las jornadas de descongestionamiento posibilitaron que el porcentaje se reduzca de al menos 200%, que se reportó en 2019, a 159%.

En la gestión anterior había más de 20.000 privados de libertad, aunque esta cifra tuvo variaciones a diario por el ingreso y salida de los reclusos, para sólo una capacidad de 11.610 reclusos en el total de las cárceles.

A noviembre de este año se reportaron 17.510 presos; de ese total, 11.381 (65%) están recluidos de manera preventiva esperando una sentencia, mientras que sólo 6.129 (35%) tienen sus condenas.

“A pesar de las deficiencias y las necesidades, se hicieron muchos esfuerzos para reducir estas cifras de retardación de justicia puesto que, hasta hace 10 años, el 80% estaba con detención preventiva”, manifestó al periódico Bolivia el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

De los 17.510 reclusos que hay en la actualidad, el 73%, que equivale a 12.782, está en las cárceles del eje del país, por ello hay la necesidad de construir nuevos recintos carcelarios.

Tres megacárceles

Limpias explicó que la Ley 494 de 2014 declara el cierre del penal de San Pedro, en La Paz, cuyo predio pasará al Ministerio de Economía y, a cambio, esta cartera de Estado realizará la inversión para la construcción de un complejo penitenciario en la región de Chonchocoro.

“El proyecto de preinversión ya está listo, el diseño final ya concluyó al 100% y ahora falta la inversión económica”, indicó.

De igual manera, señaló que ya se tiene otra preinversión para la ampliación de Palmasola.

“También se deben realizar las gestiones para buscar los recursos económicos ahí”, dijo.

En el departamento de Cochabamba ya se concretó un convenio interinstitucional entre la Gobernación, la Alcaldía del municipio de Arani y el Ministerio de Gobierno.

Dicha Alcaldía donará 17,1 hectáreas parta la construcción del complejo penitenciario, y el título pasará a nombre del Ministerio de Gobierno.

“La Gobernación hará el proyecto de preinversión y se buscará el dinero para ésta y las otras dos construcciones. Creemos que ya con la estabilidad del gobierno del presidente Luis Arce haremos las gestiones para la pronta construcción de las tres megacárceles”, apuntó.

Sistema informático

También remarcó la implementación del sistema informático, que se empezó a proyectar en 2017, que ayudará a conocer cuál es la situación legal de cada uno de los presos para agilizar el tema de sus condenas o salidas alternativas.

“El sistema lo trabaja la Dirección General de Régimen Penitenciario y vamos a intercambiar información con los operadores de justicia”, enfatizó.

Según la ley, la detención preventiva sólo puede durar tres años; sin embargo, hay muchos reclusos que ya pasaron este tiempo porque no cuentan con alternativas para defenderse.

Lastimosamente, el Órgano Judicial no determina con prontitud si una persona es culpable o inocente, por ello este sistema de intercambio de información entre varias instituciones va a resolver de alguna manera este problema”, remarcó.

Se contará con datos actualizados de la situación jurídica, y hasta abril de 2021 se podría intercambiar la información.

Otros datos

  • También está proyectado reacondicionar otras cárceles para brindar mejores condiciones a los internos.
  • Los centros de orientación para mujeres se encuentran en mejores condiciones, aunque también requieren ampliaciones y mejoras.
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