Periódico Bolivia

Miles de venezolanos que están retornando a su país tras meses huyendo de la pandemia se encuentran en pésimas condiciones de salubridad y hacinamiento, lo que estaría contribuyendo a la propagación del COVID-19.

Eso indica un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW), el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, en el que se documentan abusos y maltrato por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Según estos, a lo largo de los últimos meses han regresado a Venezuela unas 130 mil personas que huyeron del país hacia otras naciones de América Latina buscando oportunidades económicas y refugio frente al coronavirus.

Pero a su regreso han sido ubicados en condiciones de confinamiento, en las que no cuentan con agua, alimentos o atención médica.
“Algunos retornados que protestaron por dichas condiciones fueron amenazados con ser detenidos. Además, a muchos retornados se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena durante varias semanas adicionales a los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud, debido a demoras en las pruebas de diagnóstico de COVID-19 y a un protocolo de testeo innecesariamente complejo”, sostiene el informe.

De acuerdo con la doctora Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, “enviar a los retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula para propagar el COVID-19”.

En el informe, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, pide que al tema se le dé alta prioridad en la próxima reunión de ministros de Relaciones Exteriores de países de América Latina, el próximo 19 de octubre para discutir la situación de los venezolanos en la región.

En el documento, HRW y la Johns Hopkins sostienen que los países miembros deben expresar su compromiso con proteger los derechos de los venezolanos en sus territorios y considerar la adopción de un régimen de protección temporal de alcance regional que les otorgue a todos los venezolanos estatus legal por un período determinado de tiempo en sus territorios.

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