Posesión de los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. (Foto: Archivo Bolivia Digital)

ELIANA UCHANI ALACA

La reforma de la justicia en el país requerirá algunas modificaciones a la Constitución Política del Estado (CPE), que deben realizarse a través del voto popular. El Gobierno propuso que se efectúe de forma conjunta con las elecciones subnacionales previstas para el 7 de marzo de 2021.
El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que no existe ningún obstáculo legal para que se desarrolle la reforma constitucional. Además, señaló que esto dependerá del análisis y el informe que realice el consejo de asesores preconstituyentes, que estará compuesto por 10 destacados profesionales.
“Los temas constitucionales deben ser aprobados por referendo. Estamos pasando por una época de restricciones económicas, tenemos que hacer un esfuerzo y sería ideal que, si nos ponemos de acuerdo con una reforma constitucional, la pregunta esté incluida en la papeleta del mes de marzo, en las elecciones subnacionales. No tendríamos ninguna dificultad legal para incluir ese tema constitucional en esa papeleta”, afirmó lima en entrevistas con El Deber Radio.
Una de las premisas del Gobierno del presidente Luis Arce es la transformación de la justicia para que esta sea independiente y de servicio a la población, donde se acabe el cuoteo de cargos por favores políticos. Para eso el Ejecutivo también remitió a la Asamblea Legislativa cinco leyes de emergencia, entre ellos institucionalizar la carrera judicial.
tres conflictos
Por otra parte, Lima manifestó que son tres los temas que deben ser considerados: garantizar que las altas autoridades judiciales sean electas de forma transparente, evaluadas permanentemente y reciban capacitación de excelencia; eliminar la burocracia y la deficiencia en la administración de causas; y suprimir el Consejo de la Magistratura, que se convirtió en una “planta burocrática”.
En el caso del Tribunal Agroambiental, Lima señaló que desde la implementación de esa instancia judicial, en 2009, no se dilucidó ningún caso ambiental, solo se resolvieron casos agrarios, pero ni uno que tenga que ver con el tema de chaqueos y otros más estructurales.
“Existe una necesidad de que el derecho agroambiental funcione. Ahora, la pregunta es: ¿por qué no se está implementando la justicia? La respuesta es porque se debe al mal diseño constitucional, esos detalles se deben tomar en cuenta”, precisó.
Otro de los conflictos que será explicado a los expertos es la situación del Consejo de la Magistratura, que tenía la misión de resolver los problemas de la justicia en el país. Señaló que a través de la reforma constitucional se puede suprimir dicha institución.
comisión de expertos
Lima adelantó que el 3 de diciembre el consejo preconstituyente se reunirá por primera vez para comenzar con su trabajo y analizar los cambios pertinentes. La autoridad consideró que este trabajo se ampliará hasta el 13 de diciembre, en el consejo se discutirán esos temas y elaborarán propuestas que deben ser consideradas por la Asamblea Legislativa antes de su receso por fin de año.
“Necesitamos tomar medidas que generen la confianza y la seguridad de que la carrera judicial se va a establecer, si el recurso humano funciona, si los jueces están seguros que su trabajo no tendrá interferencias. Tenemos la seguridad que la justicia se transformará, se necesita de independencia para servir al ciudadano”, recalcó.
El consejo preconstituyente estará compuesto por 10 profesionales en derechos constitucional y justicia. Entre ellos están el expresidente de Bolivia y expresidente de la ex Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé; el exmagistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera; el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, José Luis Gutiérrez Sardán; el exministro de Justicia, Carlos Alberto Goitia; y el exconjuez de la ex Corte Suprema de Justicia, Bernardo Wáyar Caballero. Lima anunció que en estos días se completará el grupo asesor.
En ese contexto, el magistrado y expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, señaló que se deben tomar en cuenta a los actuales administradores de justicia para que puedan aportar con la reforma constitucional.
Además, consideró que no es pertinente acortar el mandato de las autoridades del Órgano Judicial porque no es la mejor opción. Espera que las autoridades del Gobierno los convoquen a una reunión.

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