Militares reprimen a un grupo de bolivianos en Sacaba. Foto: Infobae

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En noviembre de 2019 los conflictos en el país, tras los resultados de las elecciones generales, la denuncia de un presunto fraude electoral y la renuncia de Evo Morales a la presidencia, cobraron dimensiones insospechadas, es así que se reportó más de 30 muertes y un sinfín de heridos durante las tensas jornadas, la gran mayoría por impactos de proyectiles de armas de fuego usadas por militares.

La comisión de la CIDH recibió denuncias, videos, fotografías, documentos con pruebas y denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, por ello, la injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso político, los motines policiales, los grupos privados armados controlando las calles y el Decreto 4078 fueron agravantes que dispararon la alarma del monitoreo de vulneraciones a los derechos humanos.

En entrevista con La Razón, Paulo Abrao, exjefe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que con todo lo recopilado se presentó un informe que posibilitó la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo trabajo es independiente; sin embargo, “el gobierno interino (de Áñez) fue poniendo trabas y posponiendo la instalación, originalmente prevista para febrero de este año”.

Actualmente la GIEI está recopilando toda la información respecto a las violaciones a los derechos humanos de 2019 para presentar un informe de lo ocurrido y establecer responsabilidades.

“No hay que temer al GIEI. Su presencia solo reforzará a Bolivia como un país abierto al escrutinio internacional de los derechos humanos, reforzará una reconciliación legítima basada en la verdad y la justicia y, además, podrá coadyuvar y cooperar con las autoridades y dar aportes y recomendaciones estructurales para reforzar la independencia y autonomía de su sistema de justicia. La memoria y la justicia para todas las víctimas será un baluarte para la reconstrucción democrática en Bolivia”, manifestó.

POLÉMICO DECRETO

Abrao añadió al matutino paceño que durante los conflictos de ese año, la exmandataria firmó el Decreto Supremo 4078 que autorizaba a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones para reestablecer el orden público y eximió a los uniformados de cualquier responsabilidad penal.

Con esta amnistía, los militares ingresaron sin inconvenientes a regiones como Senkata (El Alto) y sacaba (Cochabamba) para reprimir a los movilizados, lo que convirtió su accionar en verdaderas masacres.

 “Es demasiado grave que estos operativos se llevaron a cabo protegidos por el fatídico Decreto 4078. También se observó una acción coordinada entre las fuerzas de seguridad y los grupos parapoliciales privados que se habrían infiltrado en las protestas. Para contextos menos complejos, en otros países la CIDH calificó a estas situaciones como masacres. Además, la CIDH actúa tomando en cuenta a las víctimas, que nombran a las situaciones como masacres”, relató a La Razón.

Agregó que, con base en los testimonios de los familiares de las víctimas y de otras personas que participaron en esos hechos, se estableció que dicho el decreto les permitió a los militares reprimir cualquier protesta con la seguridad de que no tendrían ninguna sanción más adelante.

“La premeditación de actos de violencia a través de la expedición de un escudo legal para eximir la responsabilidad personal de las Fuerzas Armadas sería de extrema gravedad. La CIDH y otras organizaciones denunciaron que este tipo de amnistía era una verdadera carta blanca que estimulaba la represión violenta. Todo decreto de impunidad que atente contra el derecho a la verdad y la justicia es contrario al derecho internacional y contraviene en la obligación de los Estados de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos”, remarcó.

A pesar que las pericias confirmaron que la mayoría de los fallecidos había sido impactada por balas, el gobierno de facto de Áñez lo negó, incluso el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien está prófugo de la justicia por hechos de corrupción, aseguró que habían sido los mismos movilizados quienes se dispararon, tesis que no pudo ser sostenida de acuerdo a los relatos recabados por la CIDH.

Actualmente, el general Alfredo Cuellar, es el primer uniformado llevado ante la justicia por las muertes en el puente Huayllani, y si bien se benefició con el arresto domiciliario, es un precedente que demuestra que la justicia está actuando de la manera más idónea para responsabilizar y sancionar a quienes masacraron a los bolivianos durante aquellas luctuosas jornadas.

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