Los dos carriles de la avenida 6 de Marzo, en El Alto, permanecieron intransitables durante varios días. Foto: Archivo

Redacción Digital / Bolivia

La Fiscalía General del Estado entregó a la Policía cinco órdenes de aprehensión que emitió contra dirigentes y otras personas identificadas como autoras materiales e intelectuales de los bloqueos camineros que se registraron durante más de 12 días, en agosto, en diferentes sectores del país.

“Estos mandamientos de aprehensión fueron entregados a la Policía y es competencia de sus efectivos su ejecución, por lo que aún estamos a la espera de recibir los informes correspondientes del cumplimiento”, detalló ayer el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. Los más de 200 puntos de bloqueos camineros se iniciaron el 3 de agosto a convocatoria de afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), los que rechazaban la postergación de las próximas elecciones generales.

Esta movilización ocasionó que al menos 7.000 vehículos del transporte pesado, liviano, particular, entre otros, queden varados en las carreteras.

Lo más preocupante fue que los bloqueadores tampoco dejaron transitar a los camiones que transportaban oxígeno para atender a los enfermos con coronavirus, lo que causó al menos 40 muertes, principalmente en Oruro, La Paz y Potosí.

Otro de los perjuicios, según el Ministerio de Gobierno, fue que la gente que se congregó en los puntos de bloqueos saqueó los camiones que transportaban alimentos, insumos de bioseguridad y medicamentos, además de que apedreó los motorizados y causó otros destrozos.

También se investiga la procedencia y el uso de armas de fuego que varias personas exhibieron. Otro grupo de gente también mostró ametralladoras, en tanto que en Santa Cruz y Cochabamba se observó a grupos armados.

La senadora Plácida Espinoza, presidenta de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa, recordó que el Ministerio Público recibió más de 30 denuncias referidas a la comisión de delitos de atentados contra la salud pública, organización criminal, instigación pública a delinquir, difusión e incitación nal racismo, terrorismo y otros, y que por lo tanto debe haber celeridad en las investigaciones.

Las citaciones

De igual manera, está aún pendiente la notificación policial con citaciones para la declaración informativa de los principales sindicados, entre ellos el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y otras personas que incitaron a las protestas.

“También esperamos el informe de la Policía respecto a la entrega de las citaciones, a fin de que esas personas puedan acudir a la Fiscalía a declarar y de esta manera colaborar en la agilización de las respectivas investigaciones”, dijo Lanchipa.

Proyecto de ley

En un afán de favorecer a los bloqueadores y a los dirigentes que protagonizaron los bloqueos camineros, la diputada Betty Yañíquez, jefa de bancada del MAS, presentó en días anteriores un proyecto de ley que pretendía protegerlos; sin embargo, su propuesta no prosperó.

La dirigencia del MAS aseguró que lo hizo a título personal y que ese partido político no socaparía a las personas que causaron los cuantiosos daños.

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