Redacción Digital / Bolivia

Representantes del Órgano Judicial, Régimen Penitenciario y defensores de los derechos humanos coincidieron, por separado, en que las audiencias virtuales en materia penal deben continuar, al menos durante el resto de este año, con ajustes y mejoras constantes, puesto que se evidenció más agilidad en la emisión de resoluciones y sentencias, la disminución de la retardación de justicia y, sobre todo, que muchos reclusos se benefician con la libertad o la detención domiciliaria.

“Las audiencias virtuales van a seguir porque hasta nuevo aviso los privados de libertad no podrán salir de los centros penitenciarios, entonces no se puede señalar audiencias

presenciales. Mientras no se levante esa forma de cuidado determinado por el Régimen Penitenciario para evitar contagios de coronavirus, seguirán las audiencias virtuales en el área penal”, aseguró al periódico Bolivia la vocal de la Sala Penal Tercera de La Paz, Margot Pérez.

Agregó que la implementación paulatina de la plataforma Blackboard, la sala de justicia virtual, ha logrado “buenos resultados”, es así que solo en La Paz se han emitido más de 15 mil resoluciones. “Para nosotros, como administración de justicia, es un éxito, por lo tanto tiene que seguir el teletrabajo sin la mediación personal”, manifestó.

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz considera que antes de retomar las audiencias presenciales se deben tomar en cuenta dos situaciones: que bajen los contagios de COVID-19 a nivel nacional y no haya más jueces, imputados, vocales y abogados infectados. “Se tiene que seguir con este sistema porque si un interno pide audiencia y el Régimen Penitenciario no le permite salir, tenemos que señalar la audiencia virtual, porque de lo contrario no habría acceso a la justicia y se volvería a la demora en el respectivo proceso”, remarcó.

Evitar posibles rebrotes

Por su parte, el director nacional de Régimen Penitenciario, coronel Clemente Silva, indicó que lo más aconsejable es que las audiencias virtuales se prolonguen hasta nuevo aviso, puesto que se debe prever un posible rebrote de coronavirus entre los privados de libertad en las audiencias presenciales, que se realizarían nuevamente en los recintos penitenciarios.

“Se debe tomar en cuenta que el COVID-19 ingresó a las cárceles justamente cuando los reclusos salieron a los centros médicos; por lo tanto, no sería aconsejable volver a las audiencias presenciales, ya que, los posibles contagios o rebrotes al interior de las cárceles son complicados de controlar”, estableció.

A fin de beneficiar a la mayor cantidad de presos, el Ministerio de Gobierno entregó en días anteriores 20 computadoras que serán distribuidas en las cárceles para reforzar las salas virtuales.

“Aún tenemos algunos problemas que los estamos subsanando, ya que muchas veces, en algunas prisiones, tropezamos con inconvenientes en la conexión a internet, como en Chonchocoro, entonces hemos tenido que llevar teléfonos celulares y computadoras”, dijo.

Otro de los desajustes que requiere inmediata atención es la gran cantidad de audiencias que se realizan al día.

“A pesar de todo, seguimos aprendiendo y mejorando, y de manera general afirmamos que han sido beneficiosas para los privados de libertad, por ello quisiéramos habilitar más ambientes adecuados y trabajar de la manera más eficaz y eficiente en favor de los reclusos que están abarrotando todas las cárceles”, apuntó.

Abuso de los juicios abreviados

La directora de la Fundación Construir, Susana Saavedra, considera que, más allá de la pandemia por el coronavirus, las audiencias virtuales se deben mantener en el territorio boliviano porque acortan las brechas, sobre todo territoriales; sin embargo, solo son ventajosas en materias como la civil, familiar o laboral, pero deben estudiarse con detenimiento, sobre todo en el ámbito penal, porque las partes necesitan ser escuchadas más allá de los 45 minutos, el tiempo que dura como máximo cada una.

“Aún no hay evidencia de su efectividad o fracaso en la región, aunque si hay recomendaciones y observaciones en temas penales, por lo tanto, se debe investigar y comparar estas experiencias con las de otros países. En otras materias será un avance interesante este tipo de audiencias siempre y cuando se desarrollen protocolos, se estudie fallas como el acceso a internet que no llega a todos, y sobre todo hay que diseñar políticas que modernicen la gestión y una atención estructural”, argumentó.

Saavedra agregó que en las audiencias virtuales se debe garantizar los derechos de los detenidos e imputados y no se incurra, de manera constante, en juicios abreviados, como sucede en la actualidad.

“Observamos que se promueve de manera sistemática el uso de los procedimientos abreviados y esto preocupa porque no se llega a una sentencia con base en un juicio, donde se haya demostrado con pruebas que una persona que ha sido autora de un delito o no, y se haya garantizado al procesado las garantías, sino que se trata de un juicio donde uno se declara culpable para tener sentencia y eso es contrario a los principios del proceso. Esta práctica la hemos alertado y ha sido cuestionada”, afirmó.

Enfatizó en que las audiencias virtuales han perdido la publicidad y atención del Estado, que se tuvo cuando fueron implementadas, en cuanto a los procesos; además, que ni el Órgano Judicial ni el Ministerio Público difunden información suficiente para analizar si es que se cumplen las garantías para ambas partes.

“También con el abuso de los procedimientos abreviados no existe reparación adecuada a las víctimas y preocupa esta situación ya que es una de las tantas salidas, pero no la única”, afirmó.

Agilidad Judicial

Los entrevistados coincidieron también en que la implementación paulatina de la plataforma Blackboard agilizó, hasta la fecha, el dictamen de resoluciones y sentencias, puesto que en gestiones anteriores las audiencias se suspendían con frecuencia por la falta de notificaciones o la ausencia de jueces, abogados e imputados, lo que ahondaba más en la retardación de la justicia.

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