Restan apenas 35 días para las elecciones generales y el ciudadano va tomando conciencia sobre el valor de la decisión que estará expresada en su voto, que es el poder constitutivo de la democracia y de los poderes que de ella emanan. El resultado que emerja de las urnas del 18 de octubre servirá no solo para elegir a la dupla presidencial, sino también a los legisladores.

Este evento tiene como base el artículo séptimo de la Constitución Política del Estado (CPE), que es la expresión más clara del mandato que tiene el voto ciudadano, tanto para elegir como para decidir en los referendos que se promuevan en el marco de la legalidad vigente.

“La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”, señala el apartado normativo que resulta básico para comprender las bases democráticas del país.

Por eso, y luego de revisar estos principios constitucionales, se vuelve a poner a flor de piel la herida que Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) le provocaron al Estado de Derecho cuando vulneraron esa voluntad “inalienable e imprescriptible” expresada en el voto del referendo del 21 de febrero de 2016. El resultado de esa afrenta a la Constitución derivó en la repostulación ilegal para un cuarto m a n d a t o y, en esa línea, la dolosa manipulación de los resultados de las elecciones de octubre de 2019.

El MAS, durante los 14 años en los que gobernó el país, instaló de manera progresiva la idea del líder insustituible a partir de una malinterpretación de los valores democráticos, pues el mismo Evo Morales reducía el alcance de estos principios a los mecanismos de decisión sindical, de mayorías manipuladas en asambleas donde no existían voces disonantes. Estas prácticas, que estaban orientadas a naturalizar las prácticas autoritarias, redujeron las iniciativas y anularon la posibilidad de intercambios de ideas; del sano debate. Se promovió, de este modo, la intolerancia, pues quien no pensaba como la masa azul o se proclamaba como “librepensante” era aislado o destrozado por un abusivo poder que se usó para cultivar la personalidad del caudillo y controlar las instituciones del Estado. 

Quizá por esa razón el Club de Ginebra, que reúne a exbecarios de la Fundación Universitaria Simón I. Patiño, solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se informe al votante sobre “las reglas del juego” para elegir, tomando en cuenta las implicaciones de las decisiones en primera vuelta. El objetivo principal es que todo ciudadano esté en conocimiento de las consecuencias y de los desafíos de su voto, contribuyendo de esta manera a la consolidación de la democracia en el país y evitando así un potencial impacto negativo sobre la gobernabilidad y la estabilidad del país, señala la carta de los exbecarios a Salvador Romero.

Demandaron, además, que se transparenten las razones que explican la diferencia de seis diputados uninominales a favor de las circunscripciones ubicadas en las provincias de cada departamento, en desmedro de las circunscripciones ubicadas en las capitales, así como el impacto que representa esta votación en la gobernabilidad.

Si bien la inquietud de este grupo de ciudadanos apunta a modificar la asignación de escaños, una medida que requiere un nuevo censo, es importante anotar que el espíritu del pedido apunta a revalidar el poder del voto frente a una estrategia que se aplicó para favorecer a un solo partido. La construcción de mayorías debe realizarse sobre la base de la legitimidad de los poderes constituidos y una institucionalidad fuerte.

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