El presidente del Estado Jeanine Añez designó nuevamente, el 10 de marzo de este año, a Luis Fernando López como Ministro de Defensa. (Foto: APG)

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El Movimiento al Socialismo (MAS) elaboró un proyecto normativo denominado “Ley de interpelación y censura a ministras y ministros de Estado”, que prohíbe que los ministros censurados durante una interpelación en la Asamblea Legislativa sean designados otra vez en el cargo.

La diputada del partido azul, Sonia Brito, es la proyectista de la normativa que fue presentada a la presidencia de la Cámara Baja el 2 de junio. El documento será evaluado por la Comisión de Constitución de esa instancia legislativa.

“La autoridad censurada no podrá ser designada nuevamente en el cargo, objeto de la censura mientras dure el periodo constitucional», señala el segundo párrafo del artículo 8 del proyecto de ley.

Un párrafo más abajo, establece sanciones legales ante el incumplimiento de la censura por parte de la máxima autoridad del Órgano Ejecutivo y advierte un juicio de responsabilidades conforme a la normativa vigente.

El 6 de marzo, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, fue censurado por los dos tercios del MAS en la Asamblea Legislativa porque no asistió a la interpelación por los conflictos de noviembre de 2019.

El 10 de marzo, el Gobierno aceptó la censura que planteó la bancada del MAS y la presidenta Jeanine Áñez decidió destituir a López en estricto cumplimiento a la Constitución Política del Estado (CPE), que establece esa figura en caso de que un ministro o miembro del Ejecutivo sea censurado por los dos tercios de la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, luego de un par de días de interinato del general Gastón Peñaloza, López juró como “nuevo” Ministro de Defensa.

A la vez, el artículo 7 del proyecto normativo señala que ante la inasistencia de un ministro de Estado, sin causa justificada y aprobada por la Asamblea Legislativa, inmediatamente se votará por la censura de la autoridad.

El 6 de marzo, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, fue censurado por los dos tercios del MAS en la Asamblea Legislativa porque no asistió a la interpelación por los conflictos de noviembre de 2019. (Foto: APG)

Desestabilización

Al respecto, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, advirtió que esa normativa sólo busca desestabilizar al Órgano Ejecutivo y generar una crisis política en el país. Advirtió que asumirán las medidas legales en el Legislativo y no descartó acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

«Es una norma que busca darle un golpe a la democracia y a la institucionalidad de los procesos de interpelación, todas estas acciones son parte de un plan para generar caos en el país y que todo es organizado por Evo Morales desde Argentina. Nosotros vamos a promover su inconstitucionalidad porque vulnera la norma», señaló el legislador.

En ese contexto, el MAS ya pidió interpelaciones contra los ministros de Obras Públicas, Iván Arias; de Relaciones Exteriores, Karen Longaric; de Gobierno, Arturo Murillo; de Medio Ambiente, María Elba Pinckert; de Desarrollo Rural, Eliane Capobianco; y de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.

Estas interpelaciones quedaron pendientes debido a la emergencia sanitaria que paralizó por algunas semanas las actividades del Legislativo.

Sin embargo, se conoce que estas convocatorias se darán curso una vez que la norma sea promulgada por el Ejecutivo, o en todo caso por la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, tal como lo hizo con otras normas que fueron observados por el Gobierno.

Interpelaciones con aplausos

Durante los 14 años del gobierno de Evo Morales, 26 de sus ministros en 47 actos de interpelación salieron aplaudidos y con voto de confianza de la Asamblea Legislativa, sin importar los temas por los que fueron convocados para que rindan un examen oral.

Uno de los casos que llamó la atención fue la interpelación a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, por los actos de corrupción en el Fondo Indígena. En ese entonces la exautoridad salió aplaudida por los dos tercios del MAS, pero meses después la Fiscalía comprobó que existían indicios de responsabilidad y fue procesada penalmente.

Otro de los casos fue la convocatoria al exministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Los legisladores no encontraron ninguna responsabilidad contra la exautoridad y le dieron su voto de confianza.

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