Hace justo un año, el 21 de octubre despertó furioso. Miles de ciudadanos, muchos jóvenes entre ellos, comenzaron a salir a las calles para expresar su rechazo a los resultados de las elecciones que daban a Evo Morales como ganador de las elecciones de 2019, todo esto en medio de decenas de dudas respecto al conteo de votos que estuvo a cargo de un Tribunal Supremo Electoral (TSE). Y no era para menos, desde varias ciudades y barrios del país se mostraban denuncias sobre la ruptura de la cadena de custodia, pues varias decenas de maletas electorales o estaban en la basura o “guardadas” en domicilios particulares.

Y ese número volvió a repetirse. Ese 21 comenzaron otros 21 días de resistencia civil contra los resultados de las elecciones. Los informes de las misiones de observación, entre ellas la de la Organización de Estados Americanos (OEA), no pudieron entregar un informe final sobre las elecciones. Simplemente, era imposible poder avalar algo que no estaba bien. La madrugada de ese 21 de octubre de 2019, una orden criminal ordenó la suspensión de la transmisión rápida de votos (TREP) en momentos en los que la tendencia no le era favorable al MAS de Evo Morales. Hace un año, Carlos Mesa había logrado condensar en su candidatura a varios segmentos de la oposición democrática al partido que aún lidera Morales.

El 21 de octubre de 2019, miles de ciudadanos habían decidido rechazar la posibilidad de que Evo Morales pueda asumir las riendas del país por cuarta vez. La repostulación del expresidente se produjo en medio de varias irregularidades que fueron denunciadas mucho antes que la OEA entregase su informe final. Morales, que dejó de ocultar su aspiración para perpetuarse en el poder, desconoció de manera grosera los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016. Los resultados de esa consulta, como recordará el amable lector, rechazaron la posibilidad de cualquier repostulación.

Durante los 21 días que duró la sublevación civil, el recuerdo de ese 21 de febrero de 2016 estuvo presente junto con la habilitación ilegal de la candidatura de Morales para una cuarta reelección. A través de una artimaña legal, el Tribunal Constitucional validó la “teoría” planteada por el MAS en sentido de que la reelección sin límite legal era un derecho humano sobre la base de los derechos políticos establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. La justicia mostró, entonces, su lado más oscuro.

Ahora bien. Bolivia, un año después, está marcada por los resultados de otra elección, esta vez unos comicios transparentes que dieron la victoria al MAS que postuló a Luis Arce y David Choquehuanca. Esta elección no es para nada, como quieren hacer creer algunos sectores políticos interesados, un reflejo de la anterior. Son otros factores, otros escenarios y varios personajes. En 2019 hubo fraude y las pruebas de este delito están documentadas en un frondoso cuaderno de investigaciones, ahora bien guardado en el despacho del señor fiscal Juan Lanchipa.
A un año de ese 21, o del día después de la elección, conviene repasar el pasado con autocrítica. El país necesita sosegarse y ahí sí Evo Morales no ayudaría mucho. Este es un momento en el que no se requiere la voz del expresidente. Es tiempo para reconstruir el país.

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