La Asamblea del Pueblo Guaraní denuncia que el decreto de quemas permitió el avasallamiento de sus tierras. Foto: Wara Vargas, archivo.

Veiska Soto / Bolivia

La presidenta Jeanine Áñez confirmó ayer la abrogación del Decreto Supremo 3973, que en 2019 autorizó la quema controlada y desmonte de bosques en Santa Cruz y Beni para actividades agropecuarias en tierras privadas
y comunitarias.

“Evo Morales aprobó ese decreto y nosotros lo tenemos que abrogar, por el bien de nuestro medioambiente, para evitar tanta desgracia natural. Vamos a trabajar en eso y en las próximas horas lo vamos a presentar”, dijo.

En la pasada gestión, como consecuencia del decreto de quemas, los incendios arrasaron 2.161.414 hectáreas de bosques y pastizales en el oriente del país.

Asimismo, informó que en las próximas horas emitirá una declaratoria de emergencia nacional por los incendios en el departamento cruceño.

La Mandataria, que estará hoy en Santa Cruz en la zona afectada por el fuego, dijo que “si es preciso, el Gobierno buscará ayuda internacional para sofocar las llamas”. Para el capitán grande de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Justino Zambrana, más allá de abrogar el decreto de quemas debe existir responsabilidad sobre el expresidente Morales, porque la norma benefició a grandes empresarios que avasallaron tierras comunitarias de los pueblos indígenas.

“Hubo una manipulación política, promoviendo asentamientos en tierras fiscales. Los incendios en la Chiquitanía fueron provocados por gente interesada en negociar tierras comunitarias. Hubo coloniaje interno que era parte de la estrategia de Evo Morales”, afirmó.

Zambrana pidió a la Presidenta dialogar con los pueblos indígenas para generar políticas
de Estado referidas al agua y no someterlos políticamente, como lo hizo Morales.

“Como naciones indígenas de tierras bajas, la APG pide a la Presidenta corregir esos errores. Pedimos coordinación institucional para que, en el marco de la Constitución,
podamos trabajar en políticas de Estado para que haya agua, incluso para apagar incendios”, subrayó.

Zambrana lamentó que en los incendios en los montes bajos del Chaco, la Chiquitanía, Charagua e Iguazú, “gente de mala fe, traficantes de tierras”, inicien en horas de noche el fuego, que por la acción del viento y la sequía se expande con rapidez.

“Avasallan nuestro territorio de esa forma, pedimos al Gobierno tomar acciones y trabajar de forma coordinada”, concluyó.

En los territorios indígenas de Monte Verde y Lomerío, en los municipios de Concepción y San Antonio de Lomerío en Santa Cruz, se mantienen 11 focos de calor que tienen en alerta a las comunidades del lugar. Entre el 1 y 15 de septiembre, en ambos territorios se registraron 681 focos de calor, de acuerdo con el reporte del Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA), dependiente del Centro de estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).

Pide Celeridad a la justicia

El ministro de Defensa, Fernando López, desde la zona del incendio en el municipio de San Ignacio, pidió al Ministerio Público celeridad para sancionar a los responsables que provocaron los incendios. “Hasta el momento existen 250 procesos administrativos y cuatro demandas penales instauradas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT)”, dijo López.

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