El exministro de Salud, Marcelo Navajas, fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro. (Foto: APG)

Luis Mealla/Bolivia Digital

En criterio del viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Guido Melgar, la situación legal del exministro Marcelo Navajas se complicó más por tres hechos: el haber solicitado la compra directa de los 170 respiradores; el haber despedido a dos funcionarios de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) que no estaban de acuerdo con la adquisición; y que haya avalado la transacción pese al alto costo de los equipos.

Durante una entrevista en el programa “Primero la verdad”, que se difunde a través de los medios estatales, Melgar afirmó que las pruebas que maneja el Gobierno hacen presumir que la exautoridad sería una de las principales responsables en este caso.

El primer elemento que destacó fue que Navajas solicitó de manera directa al director general de la AISEM, Geovanni Pacheco, que se proceda a la adquisición de los respiradores de la empresa IME Consulting Services Global SL, una distribuidora en la región de la firma española GPA Innova.

“El exministro Navajas no tenía por qué ser unidad solicitante, (pese a ello) envió una nota al licenciado Pacheco y le dice ‘quiero que se compre 170 respiradores de la empresa IME Consulting Services Global SL’, él instruye (…). El gerente de la Aisem hace caso a la instrucción y solicita la ‘no objeción’ al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que dé vía libre a la compra de los 170 respiradores”, explicó Melgar.

La autoridad explicó este detalle luego de que la justicia dispuso, el domingo en la madrugada, la detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz para Navajas; Pacheco; el exdirector jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela, y para Fernando Humérez, denominado «testigo clave», por la presunta adquisición irregular de 170 respiradores de procedencia española.

Asimismo, se dispuso la detención domiciliaria de dos mujeres implicadas en este hecho.
En ese marco, Melgar afirmó que el segundo elemento que llama la atención es que luego de que Navajas hizo la solicitud de compra, dos funcionarios de la Aisem (el director jurídico y una abogada) fueron desvinculados de esa entidad, pues “no estuvieron de acuerdo con este proceso de compra”.

“Producto de la inexistencia de abogados en la Aisem, el entonces ministro Navajas declara en comisión al señor Fernando Valenzuela” para que haga las gestiones finales de la adquisición, detalló la autoridad.

De acuerdo con las indagaciones, una vez que Valenzuela recibe la orden para comprar los respiradores, se contactó con tres intermediarios: Humérez, el abogado Wálter Zuleta y un representante de la importadora, quienes acordaron el costo final de los equipos.

Según información oficial, cada respirador salido de fábrica tiene un costo de 6.500 euros ($us 7.100), pero el precio final de cada máquina fue de $us 27.683.

Conforme la declaración judicial de Fernando Humérez, los intermediarios acordaron este incremento en el precio para que haya una “comisión” a su favor y también para la “gente del Ministerio de Salud”.

“Ahí es clara la declaración de Humérez, en la que dice que tuvieron que subirle el precio porque tenían que ganar un porcentaje y también darle un monto de dinero a los del Ministerio de Salud, pero no especifica a qué persona (…) para que viabilice la compra”, apuntó el viceministro.

En ese marco, dio cuenta del tercer elemento que complicó más a Navajas. Melgar criticó que la exautoridad haya solicitado adquirir esos equipos pese al elevado costo, en el entendido de que el exministro es un profesional de amplia trayectoria y conoce el precio de ese y otros artefactos médicos en el mercado internacional.

“Si nos remitimos a lo que dice Humérez, que decidieron subir el precio de los respiradores para que vaya plata (dinero) a funcionarios del Ministerio de Salud y que sea el doctor Navajas el solicitante de los respiradores, cuando no es su atribución, y que no le haya llamado la atención el precio de estos respiradores, siendo que él es un experto en eso, ¿qué conclusión podemos sacar?”, se preguntó la autoridad.

En esa línea, destacó las acciones inmediatas que asumió el Gobierno para denunciar este hecho y que la justicia haya iniciado los procesos correspondientes para dar con los responsables.

En su descargo, Navajas afirmó que el proceso de adquisición fue transparente y que ni él, ni el Ministerio de Salud, ni la Aisem recibieron los 170 equipos, pues debido a la emergencia se hizo la entrega directa en Santa Cruz y luego en otros departamentos, por parte de autoridades del Gobierno.

No obstante, desde el Ejecutivo afirman que sí se detectaron indicios de irregularidades, las cuales deben ser esclarecidas por la justicia.

“Esos datos nos llaman severamente la atención y nos hacen creer que existe la probabilidad de autoría de todas estas personas en los delitos de malversación, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y atentado contra la salud pública”, enfatizó Melgar.

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