Lorena Choque Flores/Politóloga

A partir de la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural adoptada en 1972, más de 190 países se comprometieron a proteger, conservar y rehabilitar el patrimonio que se sitúe en sus territorios. Bolivia es parte de esta convención desde 1976, cuenta con seis sitios considerados patrimonios culturales y uno declarado patrimonio natural. A nivel de la región latinoamérica son cuatro países que tienen patrimonio cultural en riesgo. En Venezuela la ciudad Coro y su puerto, en Perú la zona arqueológica de Chan Chan, en Panamá la fortificación de la Costa Caribe y en Bolivia la ciudad de Potosí.

La declaración de la ciudad de Potosí como Patrimonio Mundial fue uno de los primeros reconocimientos que hizo la Unesco a Bolivia en 1987. Asimismo, Bolivia, a través de la Ley Nº 1197, declaró al Cerro Rico como Monumento Nacional en 1990. A nivel municipal se garantizó la preservación del cerro a través de la Ordenanza Municipal Nº 31/93, que estableció el Reglamento de Preservación en Áreas Históricas de la ciudad de Potosí. Frente a las denuncias de deterioro que estaba sufriendo el cerro, en 2004 se promulgó el Decreto Supremo Nº 27787, que reglamenta las actividades mineras en el Cerro Rico de Potosí. No obstante, en 2014 el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco inscribió a la ciudad de Potosí en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro.

Esta situación se ha atribuido a la falta de preservación de las construcciones coloniales y la afectación que ha sufrido la base cónica del Cerro Rico. Así, pese a las labores de preservación y la normativa vigente, el cerro más emblemático de Bolivia podría colapsar. Al respecto, debemos recordar que en 2017 se registró un hundimiento en la cúspide del cerro y hace unas semanas el periodista Juan José Toro denunció que el cerro se sigue hundiendo porque las labores de explotación no han cesado. Toro ha señalado en distintas oportunidades que existen intereses por parte de un grupo de cooperativistas, que siguen pasando por alto la normativa vigente. Estas denuncias lo han expuesto a amenazas de muerte y violencia por parte de lo que él denomina una “mafia minera.

La autoridad competente en este caso es la Comibol, que, al margen de no hacer cumplir el mandato de preservación del Cerro Rico de Potosí, ha estado involucrada en una serie de irregularidades. Por ejemplo, en septiembre de este año se denunció que el presidente de la Comibol, Joaquín Andrade, estaría involucrado en casos de nepotismo, duplicación de plantillas y estafa. El funcionamiento de la Comibol regional Potosí igual ha recibido denuncias públicas y se ha señalado que junto con un grupo de cooperativistas se estaría realizando labores en el cerro con el objetivo de vender cargas de óxidos a la empresa Manquiri y otros ingenios.

Asimismo, la poca atención que el Estado le ha brindado al tema ha generado que el Cerro Rico de Potosí pase a ser propiedad de grupos de interés, que están realizando operaciones mineras prohibidas. Este problema es de larga data y poco o nada se ha hecho para dar solución al hundimiento del cerro en anteriores gestiones. A esto se debe sumar la inestabilidad institucional del Gobierno actual, que ha provocado el cambio de ministros de Minería en un tiempo récord. La ausencia del Estado está totalmente manifiesta y se ha agravado con la crisis institucional en todas las direcciones y ministerios del Estado. También, a nivel municipal existe un caos institucional que se ha dejado ver a través de los dos alcaldes que tenía la ciudad de Potosí, Luis Alberto López y Carlos Carmona, en junio.

De todos los sitios en Bolivia que han sido declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, Potosí es el único que ha entrado a la lista de Patrimonio Mundial en Peligro. Al respecto, un caso similar de deterioro se dio en Chile, en el que las oficinas salitreras Santiago Humberstone y Santa Laura fueron declaradas Patrimonio Mundial en Peligro en 2005. Esto debido al deterioro y la poca atención en la preservación de esta infraestructura. Sin embargo, las acciones que se tomaron por parte del Estado generaron que en 2019 este sitio fuera retirado de esta lista. La conservación de las oficinas salitreras de Chile es un ejemplo de que la preservación del patrimonio implica un esfuerzo del Estado y medidas por parte de todos los actores implicados. La ciudad de Potosí tiene un valor universal excepcional no solo para los/as bolivianos/as, sino para el mundo. Su afectación significa una pérdida para todos y todas.

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